Por Anulfo Mateo Pérez
El dictamen del juez Francisco Ortega, que cambió la medida de coerción a los imputados Víctor Díaz Rúa y Angel Rondón, de prisión en Najayo a una garantía económica, nos dice con claridad hacia donde el gobierno conduce el más escandaloso acto de corrupción oficial, conocido como el caso Odebrecht.
Prueba de que esa decisión procura la impunidad frente al cohecho, es la connivencia del procurador general Jean Alain Rodríguez, al presentar ex profeso un expediente mostrenco, pusilánime, anémico…
Hemos visto, además, cómo el poder mediático del gobierno se usó y se usa para dar mayor relevancia a penosos hechos de la crónica roja, politizar el huracán Irma, así como agitar el tema de la Ley de partidos.
Nada de esto es nuevo, si tenemos en cuenta que el control social se logra con la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los temas de mayor importancia a otros de menor relevancia.
Con su poder mediático, las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación continua de distracciones han sacado el tema Odebrecht-Punta Catalina de los medios bajo su dominio.
La estrategia inició al implicar a distintos sectores políticos y económicos en el escandaloso caso, para luego tomar medidas blandas con los apresados e ir degradándolo poco a poco hasta lograr la impunidad.
Y esa maniobra la conocían casi todos los imputados, que decidieron guardar silencio, y que antes había sido roto por Temístocles Montás y el señor Ángel Rondón, cuando se le dictó privación de libertad.
Igual estratagema contenida en el manual «Armas silenciosas para guerras tranquilas», le aplica el gobierno a la Marcha Verde, para debilitarla y desactivar su lucha contra la corrupción y la impunidad.
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